La norma, impulsada por primera vez en la historia de Canarias por iniciativa legislativa municipal, reconoce jurídicamente a los municipios turísticos, pero no incorpora ficha financiera ni resuelve por sí sola los retos de vivienda, movilidad o presión territorial.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 8 de julio la Ley de Municipios Turísticos, con 63 votos a favor y 3 abstenciones de Vox. La norma cierra un vacío legal de 31 años —la Ley 7/1995 ya ordenaba crear este estatuto y nunca se desarrolló— y es la primera ley de la historia de Canarias que nace de iniciativa legislativa municipal. Así lo recoge el informe elaborado por el área de Asuntos Públicos de 22GRADOS.
Según el análisis, la ley no responde a una demanda ciudadana de limitar el crecimiento turístico, sino a una reivindicación municipalista que se remonta a 1993 y que había fracasado en dos intentos anteriores, siempre bloqueados por la discusión sobre la financiación asociada. La tramitación coincide, además, con el ciclo de movilizaciones «Canarias tiene un límite», activo desde abril de 2024, lo que sitúa la aprobación en el momento de mayor escrutinio social al modelo turístico canario en tres décadas.
La norma establece dos figuras, municipio turístico de excelencia y de singularidad, y otorga a los municipios que las obtengan un régimen jurídico propio y una vía formal para reclamar financiación por el sobreesfuerzo de gestionar una población flotante muy superior a la censada. Según los datos recopilados, Adeje, Mogán, Pájara, San Bartolomé de Tirajana, Tías y Yaiza ya tienen más plazas turísticas que residentes, y serían los principales candidatos a la categoría de excelencia. Canarias recibió cerca de 18 millones de turistas en 2024, frente a 2,2 millones de residentes.
El informe subraya, no obstante, que la norma no incorpora ficha financiera ni crea un fondo específico, por lo que no resuelve por sí sola cuestiones como la vivienda, la movilidad o la presión territorial. Esa financiación será, según coinciden analistas y representantes del sector, el verdadero test de la ley en los próximos meses: si el reconocimiento jurídico no se traduce en financiación real, advierten, la norma podría quedar en un gesto simbólico.
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